El costo económico asociado a la permisología en Chile alcanzó la alarmante cifra de US$2.960 millones durante el año 2025, representando el 0,9% del PIB nacional. Este costo, según el «Índice de Costo Económico por Permisología (ICEP) 2025» elaborado por la Universidad San Sebastián (USS), refleja la pérdida económica derivada de los retrasos en la tramitación de proyectos que están bajo el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Alejandro Weber, decano de la Facultad de Economía, explica que este incremento de 20% respecto a 2024, que equivale a US$490 millones adicionales, pone de manifiesto la necesidad urgente de abordar la permisología como una barrera microeconómica que obstaculiza el desarrollo y la inversión en el país.
A lo largo de 2025, se registraron retrasos significativos en la tramitación de proyectos, donde tres de cada cuatro iniciativas experimentaron este problema, lo que equivale al 77% del total evaluado. Este fenómeno ha continuado en 2026, con siete de cada diez proyectos en evaluación aún acumulando demoras. Los tiempos de tramitación han aumentado notablemente, alcanzando un promedio de 444 días para el sector Infraestructura y 790 días para los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), mientras que los proyectos de menor impacto (DIA) han visto una ligera disminución en sus tiempos, reflejando una tendencia preocupante en la gestión ambiental.
El impacto de estos retrasos no solo se mide en términos de inversiones no ejecutadas, que ascienden a cerca de US$61 mil millones, sino también en la generación de empleo. Se estima que la aprobación de los proyectos actualmente en espera podría crear casi 40 mil empleos durante su construcción y otros 34 mil en sus fases de operación y cierre. Este contexto se vuelve más crítico en un escenario económico deteriorado, donde la caída del PIB de 0,5% en el primer trimestre de 2026 hace evidente la vulnerabilidad del mercado laboral chileno.
Por sector, la Infraestructura lidera con el mayor promedio de días en su tramitación ambiental, seguido por Minería y otros sectores. Mientras que algunas áreas, como Energía, han logrado acortar su tiempo de espera, Minería ha visto un aumento alarmante del 20% en sus tiempos, reflejando la creciente complejidad de los requisitos regulatorios. Cristóbal de la Maza, investigador de la USS, señala que la falta de alineamiento entre los servicios públicos y la insuficiente capacidad del Servicio de Evaluación Ambiental son factores clave que han provocado este deterioro en la gestión de permisos.
A pesar de los continuos desafíos, 2025 también se caracterizó por un incremento significativo en la inversión aprobada por el SEIA, alcanzando más de US$42.581 millones, lo que representa un aumento del 106% respecto a 2024. De los 380 proyectos aprobados, los sectores de Energía, Minería y Otros concentraron la mayor parte de la inversión. Este panorama sugiere que, si bien los procesos de permisología en Chile enfrentan numerosas complicaciones, existe un potencial significativo para motivar un crecimiento económico robusto si se implementan mejoras efectivas en la gestión de permisos.
