El Ministerio del Interior ha decidido activar una revisión exhaustiva de las pensiones de gracia otorgadas durante el estallido social, en respuesta a la reciente detención de Benjamín Huerta, beneficiario de este apoyo estatal, arrestado en Ovalle por presunto tráfico de fentanilo. Esta situación ha reavivado un debate público sobre los criterios utilizados para la asignación de estas ayudas, ya que Huerta había sido reconocido como víctima de la represión policial durante las manifestaciones de octubre de 2019. El subsecretario del Interior, Máximo Pavez Cantillano, anunció que la evaluación se llevará a cabo por el Departamento de Acción Social, responsable de validar los antecedentes de todos los actuales beneficiarios.
La controversia comenzó cuando se reveló que Huerta, quien recibió la pensión de gracia por su condición de víctima, había sido implicado en actividades delictivas, lo que hizo que la administración del expresidente Gabriel Boric Font precisara que el beneficio fue revocado en enero de este año. Sin embargo, el hecho de que haya recibido la pensión aun tras haber sido calificado como víctima ha sido un argumento utilizado por miembros de la oposición, como la diputada Constanza Hube Portus de la UDI, quien cuestionó los criterios de evaluación de la administración anterior, sugiriendo que podrían haber sido laxos.
El senador Andrés Longton Herrera, del partido Renovación Nacional (RN), también se hizo eco de las preocupaciones sobre las pensiones de gracia en el contexto actual. Recordó las recomendaciones de la comisión investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados, que había identificado serias falencias en los procesos de otorgamiento de estos beneficios. En este sentido, su intervención deja claro que el tema de las pensiones de gracia no solo involucra a las víctimas del estallido social, sino que también plantea una responsabilidad hacia el adecuado manejo de las políticas públicas relacionadas con los derechos humanos y la justicia social.
Desde el Partido Nacional Libertario (PNL), su diputado Pier Karlezi Hazleby propuso que el gobierno no se limite solamente a revisar las pensiones de gracia actuales, sino que amplíe su investigación a otros casos similares que podrían estar en la misma situación. Esta propuesta sugiere un interés por parte del legislador en que se garantice la transparencia y la justicia en la administración de estos apoyos, así como la necesidad de un ajuste estructural en la política de asignación de pensiones de gracia, que desde hace años ha sido objeto de crítica y análisis en el Congreso Nacional.
La anunciada evaluación de las pensiones de gracia trae consigo una discusión que ha estado latente en el país, donde se han sugerido cambios en los criterios de acceso y mecanismos más eficientes para cancelar estos beneficios cuando corresponda. La situación actual pone de relieve la importancia de llevar a cabo un proceso transparente y con protocolos claros, en donde se reflejen los verdaderos objetivos de estas pensiones: brindar apoyo a quienes realmente lo necesiten en situaciones de vulnerabilidad, sin que se conviertan en una vía para la impunidad en acciones delictivas.
