La situación de Mauricio Hernández Norambuena, conocido como comandante Ramiro, ha generado controversias a lo largo de los años, especialmente tras su reciente traslado desde la cárcel de Rancagua al Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad (Repas). Según el Diario La Tercera, Gendarmería justificó esta medida alegando razones de seguridad y la relevancia pública del exfrentista. Sin embargo, su defensa argumenta que no se proporcionaron fundamentos técnicos claros para respaldar la decisión, lo que llevó a su equipo legal a presentar un recurso ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, que finalmente revocó el traslado y ordenó el regreso de Ramiro a Rancagua.
El tribunal de Santiago tomó en cuenta las recomendaciones del Departamento de Promoción y Protección de los Derechos Humanos de Gendarmería, que sugirió trasladar a Hernández Norambuena a Rancagua debido a su avanzada edad y múltiples problemas de salud. En un informe elaborado tras una serie de entrevistas, los funcionarios concluyeron que mantenerlo en el Repas podría resultar en vulneraciones a sus derechos, potencialmente contrarias a las normas internacionales que Chile ha suscrito. Este aspecto es crucial, ya que refleja la necesidad de considerar la dignidad y el bienestar de los prisioneros, especialmente aquellos que son mayores o que padecen enfermedades.
Sin embargo, la controversia no se limita solo al caso de Ramiro. Después de la publicación del informe, se supo que Gendarmería abrió un sumario administrativo en contra de Fernando Mardones, encargado del Departamento de Promoción y Protección de los Derechos Humanos, quien participó en la elaboración del mencionado informe. Según fuentes cercanas, la medida se debió a que Mardones habría actuado de manera independiente al no presentar el informe a sus superiores antes de hacer su recomendación, lo que ha ocasionado tensiones dentro del departamento y ha generado críticas hacia la administración.
El propio Hernández Norambuena compartió su testimonio durante las entrevistas, afirmando que las condiciones del Repas son difíciles y que los constantes allanamientos le provocan flashbacks traumáticos de su prisión en Brasil. Estas declaraciones, unidas a las condiciones adversas mencionadas por el alcaide del centro, fueron fundamentales para que los funcionarios de Derechos Humanos abogaran por su traslado. Su situación también plantea un debate más amplio sobre las condiciones de vida en las cárceles chilenas y el tratamiento que reciben los internos, en especial aquellos con una historia de vida compleja y traumas.
El impacto de este caso ha llevado a organizaciones como 81 Razones para Luchar a expresar su descontento con las acciones tomadas contra el funcionario Mardones, considerándolas injustas. Según César Pizarro, líder de la ONG, se está desprotegiendo el derecho a expresar un análisis crítico, aunque el resultado no sea del agrado de las autoridades. Este conflicto resalta no solo las dificultades del sistema penitenciario chileno, sino también las tensiones que surgen cuando las decisiones administrativas y las recomendaciones de derechos humanos chocan con las percepciones públicas y políticas sobre figuras como Ramiro.
