El proyecto de Presupuesto 2027 del Gobierno chileno no se limita a la asignación de fondos a cada ministerio, ya que, a través de sus 51 artículos, introduce transformaciones fundamentales que afectarán a regiones, servidores públicos y municipios. Entre las medidas más relevantes, se destaca la reducción de la participación de los gobiernos regionales en los ingresos obtenidos por la venta de inmuebles fiscales. A partir de 2027, solo el 35% de estos recursos irá a las regiones, una disminución significativa desde el 65% actual, lo que podría provocar tensiones políticas y financieras en zonas donde la venta de propiedades fiscales representa un ingreso clave, como Antofagasta. Este cambio en la distribución plantea serias dudas sobre cómo las regiones afrontarán sus futuros presupuestos.
La reducción en los cupos previstos para el traspaso de trabajadores a contrata también ha sido objeto de controversia. De los 6.500 cupos disponibles en 2026, se propone una drástica disminución a solo 1.500 para 2027, lo que equivale a una reducción del 77%. Este ajuste busca controlar la dotación de personal del Estado, pero genera incertidumbre entre trabajadores a honorarios que esperaban regularizar su empleo. Esta decisión se enmarca en un esfuerzo más amplio del Gobierno por contener el gasto público y gestionar de manera más eficiente los recursos disponibles.
En el ámbito de la educación, la congelación del traspaso de cinco Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) representa un cambio significativo en la administración de colegios. Al suspender el traspaso de establecimientos a los SLEP, los actuales administradores municipales continuarán gestionando estos colegios el próximo año. Este retraso en la implementación de servicios locales de educación pública genera preocupación entre las comunidades involucradas, que temen que la calidad educativa no pueda mejorar bajo esta incertidumbre. A su vez, se ha desatado un debate legislativo sobre la posible postergación hasta 2030 de la entrada en funcionamiento de otros SLEP, lo que complica aún más el panorama educativo.
Por otra parte, el Gobierno ha propuesto un aumento del 44% en el techo de endeudamiento para 2027, lo que le permitirá recurrir a un monto máximo de US$25.000 millones. Este aumento contrasta con el objetivo de reducir el déficit fiscal a un 1,8% del PIB, lo que ha generado críticas sobre la coherencia de la política fiscal del Ejecutivo. Aunque la autorización de endeudamiento no implica que se utilizarán todos esos recursos, la elevada cifra plantea interrogantes sobre la gestión y sostenibilidad de las finanzas públicas en el contexto de un gasto creciente.
Finalmente, el nuevo Presupuesto también endurece las reglas para la Subvención Escolar Preferencial (SEP), lo que podría acarrear consecuencias directas para las municipalidades con saldos de fondos no ejecutados. Aquellas que no presenten un plan de ejecución para los recursos pendientes tendrán que reintegrar los fondos, lo que afecta directamente sus ingresos. Además, medidas destinadas a acelerar las inversiones públicas y la obligación de transparencia en el uso de licencias médicas buscan mejorar la gestión pública, aunque a costa de tensar aún más las relaciones entre el Gobierno central y las municipalidades. Así, el Presupuesto 2027 se perfila como un campo de batalla donde las transformaciones propuestas tienen un impacto real en la estructura del Estado y su relación con la ciudadanía.
