Las nuevas medidas anunciadas por el Gobierno chileno han reabierto el debate en torno a la dependencia del país en los combustibles fósiles y los mecanismos necesarios para mitigar sus efectos. Recientemente, se presentó un proyecto que limita las alzas en los precios de las gasolinas y el diésel por un periodo de 90 días, lo que ha llevado a muchos a cuestionar si estas son realmente las soluciones adecuadas ante la volatilidad de los precios internacionales del petróleo. A pesar de contar con el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO), creado mediante la Ley N.º 20.765, los expertos advierten que este mecanismo no resuelve la dependencia de Chile de los mercados internacionales y que es imperativo explorar alternativas energéticas sostenibles.
Carla Huerta, abogada especializada en materias tributarias y energía, sostiene que la actual discusión sobre la estabilización de precios debe ir acompañada de una visión a largo plazo. Huerta enfatiza la necesidad de que Chile diversifique sus fuentes de energía en el sector del transporte y avance hacia la electromovilidad. «El MEPCO cumple una función relevante para moderar las variaciones de precios, pero no es suficiente para eliminar nuestra dependencia de los combustibles fósiles. Necesitamos avanzar en alternativas energéticas que permitan la expansión de la electromovilidad más allá de las grandes ciudades», afirma la experta.
De acuerdo con el Reporte Nacional de Infraestructura de Recarga para Vehículos Eléctricos 2026, elaborado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), el número de cargadores de vehículos eléctricos en Chile ha crecido significativamente, pasando de 24 en 2018 a 5.245 en 2025. Sin embargo, la mayoría de estas instalaciones se concentran en la Región Metropolitana, lo que pone de relieve el reto de expandir la infraestructura necesaria para apoyar la adopción masiva de vehículos eléctricos en el resto del país. El desafío, según Huerta, es garantizar que la infraestructura de carga y las redes eléctricas sean accesibles más allá de los centros urbanos principales, para así facilitar la electromovilidad en todas las regiones.
La transición energética no solo se presenta como una necesidad ambiental, sino también como una oportunidad para impulsar un desarrollo territorial más equilibrado. Huerta argumenta que las inversiones en infraestructura eléctrica y estaciones de carga pueden ser motor de actividad económica y mejorar la conectividad nacional. Sin embargo, para que esto suceda, deben implementarse planes estratégicos que distribuyan equitativamente los beneficios de estas inversiones entre las diversas zonas del país. La creación de un ecosistema favorable para la electromovilidad podría, además, contribuir a dinamizar economías locales y crear nuevos empleos.
Desde el punto de vista tributario, los incentivos fiscales podrían jugar un papel crucial en la transformación de la infraestructura energética del país. Huerta propone que el diseño de estos incentivos debe tener en cuenta las particularidades de cada región, buscando así fomentar la inversión en tecnologías limpias y en la expansión de la infraestructura eléctrica. Según ella, una planificación adecuada de las políticas fiscales y de las inversiones en electromovilidad podría no solo abrir nuevas oportunidades de desarrollo económico, sino también contribuir de manera significativa a la sostenibilidad a largo plazo de Chile en su camino hacia un futuro menos dependiente de los combustibles fósiles.
