Denuncia penal contra Juan Luis Castro: ¿Qué oculta el Senado chileno?

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La Fundación Fuerza Ciudadana ha interpuesto una denuncia penal contra el senador Juan Luis Castro González, del Partido Socialista (PS), tras acusarlo de presunta intervención en la tramitación de un documento que habría utilizado una firma falsificada de la senadora Ximena Órdenes Neira para el retiro de su permiso constitucional. La denuncia fue presentada este jueves ante el Juzgado de Garantía de Valparaíso, y también apunta a todos los involucrados que pudieran ser responsables del hecho. Adicionalmente, se solicita que se evalúe el desafuero del parlamentario, una vez que se cumplan los requisitos legales establecidos. Este escándalo está en el centro de la controversia, especialmente considerando que ocurrió durante la tramitación del Presupuesto 2027.

Los antecedentes revelan que, el 17 de noviembre, Castro habría gestionado el retiro de los permisos constitucionales de los senadores Órdenes y Fidel Espinoza, quienes se encontraban en una gira por Asia junto al presidente. La presidenta del Senado, Paulina Núñez, confirmó esta situación en la Sala, pero al día siguiente, en una carta leída por el senador Pedro Araya, se desmintió la solicitud de retiro por parte de la senadora Órdenes, quien afirmó que no había autorizado a nadie para realizar tal trámite ni había firmado un documento correspondiente. Esta revelación provocó una rápida respuesta y los permisos volvieron a estar vigentes ese mismo día.

La Fundación Fuerza Ciudadana exige una investigación exhaustiva sobre la creación del documento que contenía la firma falsa de la senadora. Se requiere determinar quiénes fueron los responsables de su elaboración, cómo se incluyó la rúbrica atribuida a Órdenes y quién presentó el documento ante el Senado. En relación a Castro, la denuncia pide aclarar su nivel de participación en el proceso y si estaba al tanto del origen y contenido del documento falsificado. Se busca, además, que la Policía de Investigaciones (PDI) ingrese al Congreso para recopilar documentos originales que puedan esclarecer los hechos.

La solicitud de la Fundación también incluye la recolección de diversos documentos y evidencias, como correos electrónicos, archivos digitales, registros de envío y recepción, además de las grabaciones de las sesiones del 17 y 18 de noviembre. Esto es crucial para determinar si el retiro de los permisos tuvo algún efecto en los cálculos de quórums o en las votaciones del Presupuesto 2027, lo que podría tener implicaciones importantes para la legitimidad de las decisiones tomadas en ese periodo.

Sumado a esta crisis, la subsecretaria de Ciencia, Carolina Rossi, presentó su renuncia en medio de esta grave situación, que afecta al ministerio y a la credibilidad de las instituciones. La salida de Rossi coincide con la creciente presión sobre el gobierno, que enfrenta cuestionamientos no solo por la gestión de este escándalo, sino por la falta de claridad en la gobernanza y en la administración pública en general. Este cúmulo de situaciones podría tener repercusiones en las relaciones del ejecutivo con el Congreso, así como en su capacidad para avanzar en las políticas públicas.

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