Las organizaciones que representan a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes) han expresado su preocupación ante la falta de atención hacia este sector en la reciente Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast. En una declaración pública, diversas gremios destacados, como Conupia y Unapyme, manifestaron que, a pesar de reconocer la complicada situación económica del país y el énfasis en la reactivación económica, las MiPymes fueron prácticamente ignoradas en el discurso presidencial. La mención de la palabra “Pyme” fue anecdótica, reflejando una escasez alarmante de políticas concretas que fomenten y fortalezcan la operación de estas empresas, esenciales para la economía nacional.
Los gremios han cuestionado profundamente la falta de medidas específicas para las MiPymes en el proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional, presentado como la principal herramienta para impulsar la economía nacional. Según las organizaciones, este proyecto no contempla incentivos tributarios ni laborales que apoyen a las empresas más pequeñas, cruciales para la generación de empleo. Además, se expresaron preocupaciones acerca de cómo los ajustes fiscales pueden incidir en organismos que tradicionalmente han apoyado a las MiPymes, como CORFO y SERCOTEC, que no fueron mencionados durante la Cuenta Pública y cuya función es vital para miles de emprendedores.
Otro aspecto crítico mencionado por los representantes de las MiPymes es la burocracia que enfrentan al momento de formalizar sus operaciones. Si bien la administración actual anunció medidas para facilitar la obtención de permisos para grandes proyectos, ignoró completamente las dificultades diarias que las pequeñas empresas deben enfrentar en cuestiones municipales, sanitarias y laborales. Esta “permisología” se convierten en un grave obstáculo que impide el crecimiento y desarrollo de las MiPymes en un entorno cada vez más competitivo.
A pesar del reconocimiento gubernamental sobre la deuda que el Estado mantiene con unos 10,000 proveedores, que asciende a más de 250 millones de dólares, los gremios pidieron acciones concretas y plazos claros para la regularización de estos pagos. Adicionalmente, enfatizaron la necesidad de fortalecer la legislación sobre pago oportuno, solicitando reformas a la Ley de Pago a 30 Días que aseguren que las MiPymes reciban lo que les corresponde a tiempo. Sin una atención adecuada a estas cuestiones, la reactivación económica se verá comprometida.
Las MiPymes, que constituyen más del 98% de las empresas en Chile y son responsables de una gran parte del empleo privado, son reconocidas como el motor económico de las regiones. Por tal motivo, los gremios subrayan que no puede hablarse de reactivación económica sin incluir al sector productivo que mueve gran parte de la economía nacional. Al final de su declaración, las organizaciones manifestaron su disposición al diálogo con el Gobierno, enfatizando su compromiso a pedir medidas concretas que realmente beneficien a las empresas más pequeñas, mientras mantienen una vigilancia constante sobre el cumplimiento de sus exigencias.
