La segunda mitad de 2025 ha traído consigo un intenso debate sobre la regulación de las plataformas de apuestas en línea en Chile, especialmente tras la decisión de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados de rechazar la propuesta del Gobierno que buscaba modificar el Código Penal para imponer una prohibición total sobre estas actividades. Esta noticia ha sido recibida como una victoria significativa por parte de los operadores de apuestas, quienes sienten que, al menos por el momento, se preserva su derecho a operar en un mercado que ha crecido considerablemente en los últimos años.
Carlos Baeza, abogado y vocero de la Agrupación de Plataformas de Apuestas en Línea, ha expresado que el rechazo a la prohibición plantea dudas sobre la verdadera voluntad del Gobierno para regular el sector de manera adecuada. En una reciente entrevista con Apuesta Legal Chile, Baeza comparó el proyecto de ley impulsado por el Ministerio de Hacienda con la propuesta de prohibición, sugiriendo que esta falta de consenso puede llevar al mercado a un estado de incertidumbre, donde una empresa estatal podría monopolizar las apuestas en línea, limitando la competencia.
El proyecto de ley en discusión propone una carga tributaria de 37,6%, una de las más altas de la región, lo que ha sido objeto de críticas por parte de Baeza. Según su análisis, un impuesto tan elevado podría desincentivar la operación dentro del marco legal, afectando así la tasa de canalización, que mide el porcentaje de mercado que opera bajo regulaciones establecidas. Comparando cifras con países vecinos como Perú y Brasil, que imponen un impuesto al juego del 12%, Baeza advierte que Chile podría estar perjudicando su propio mercado con políticas fiscales desalentadoras.
Además, Baeza planteó preocupaciones sobre la inclusión de un periodo de «cooling off» que impediría a los operadores actuales participar durante la transición hacia una nueva regulación. Según el abogado, estas medidas carecen de sustento legal y podrían afectar el objetivo de mantener el 88% del mercado ya canalizado por compañías internacionales. Este aspecto, destacó, es crucial para asegurar que el sector siga contribuyendo de manera positiva a la economía chilena.
En cuanto al fomento del juego responsable, el proyecto de ley establece una Política Nacional de Apuestas Responsables que pretende resguardar la protección de los menores y garantizar los derechos de los consumidores. Baeza enfatizó que esta regulación también podría crear un puente entre la industria de las apuestas y el ámbito deportivo en Chile, mediante la implementación de un impuesto del 2% destinado a las Federaciones deportivas y al Comité Olímpico y Paralímpico, lo cual representaría una fuente de financiamiento crucial para el desarrollo del deporte nacional.
