La Dirección de Presupuestos, un servicio bajo el Ministerio de Hacienda, ha sido objeto de scrutiny recientemente debido a los elevados salarios recibidos por su personal, particularmente los altos directivos que gozan de bonificaciones generosas. Según reportes de Ex-Ante T13, junio fue un mes notable para la compensación de estos funcionarios, con incrementos significativos en las remuneraciones. Por ejemplo, Sereli Pardo, subdirectora de Presupuestos, alcanzó un salario bruto de $19.060.977, mientras que su colega Tania Hernández, subdirectora de Racionalización, alcanzó los $18.811.795, consecuencia de sus bonificaciones que superaron los $11 millones cada una. Esta situación plantea preguntas sobre la equidad y la sostenibilidad de tales remuneraciones en el contexto del servicio público.
El informe de salarios revela que en la Dirección de Presupuestos hay un grupo de 8 directivos cuyos ingresos brutos alcanzaron los $16 millones en junio, con componentes de bonos de aproximadamente $10 millones. Además, hay otros 7 directivos que recibieron $15 millones, también en buena parte por bonificaciones, lo que resalta la inclinación hacia incentivos económicos al interior de la institución. En el caso de funciones a contrata, los registros muestran que Luis Madariaga y Ruth Fuentes no se quedan atrás, con remuneraciones de $16,1 millones y $15,2 millones, respectivamente, cada uno beneficiándose de asignaciones considerables, principalmente derivadas de bonificaciones.
El incremento en las bonificaciones de junio ha sido significativo, superando lo que se había otorgado en meses anteriores. En comparación con marzo y abril, donde las bonificaciones alcanzaban como máximo $5 millones, se observa un aumento drástico en el mes pasado. Los sueldos brutos de los directivos en esos meses oscilaban entre $8 millones y $13 millones, una cifra considerablemente más baja que la reportada en junio. Esta elevación en las compensaciones ha suscitado preocupaciones y cuestionamientos tanto en el ámbito público como en el financiero, lo que provoca un debate sobre la justeza de tales aumentos.
Mientras la opinión pública se manifiesta ante estas consideraciones, fuentes dentro de la Dirección de Presupuestos han defendido la legalidad de la asignación de estos bonos, asegurando que se han cumplido con todas las regulaciones e instructivos correspondientes. Según estas fuentes, el marco regulatorio permite estos incrementos, pero destacan que la comparación de las bonificaciones debe ser contextualizada adecuadamente, ya que antes se reportaban mensualizaciones diferentes a las actuales. Esto ha dejado abierta la interrogante de cómo se gestionan los recursos públicos y si realmente es justificable esta divergencia en los pagos.
Esta situación resalta un aspecto crítico de la administración pública: la percepción de desproporción en las asignaciones salariales. Con un contexto social que clama por más equidad y transparencia en el uso de recursos estatales, las altas remuneraciones de la Dirección de Presupuestos contrastan con las inquietudes de numerosos sectores que enfrentan dificultades económicas. Este desbalance podría tener repercusiones en la confianza ciudadana hacia las instituciones públicas, lo que lleva a explorar la necesidad de reformas en la estructura salarial y en los criterios para otorgar bonificaciones a los altos funcionarios del gobierno.
