El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, ha manifestado su firme esperanza en que se respete la ley luego de que el fiscal Patricio Cooper solicitara la intervención del teléfono del Presidente Gabriel Boric, en el marco del controversial Caso Procultura. Esta solicitud, que ha causado gran revuelo en el ámbito político y social, fue denegada por los tribunales, lo que ha llevado a Elizalde a recalcar la importancia de que todas las instituciones actúen conforme a los principios del Estado de Derecho. En un momento en que las tensiones aumentan, el ministro subraya que la legalidad debe prevalecer sobre cualquier otro interés.
La vocera (s) de Gobierno, Aisén Etcheverry, ya había comentado que el Ejecutivo está a la espera de que el fiscal Nacional, Ángel Valencia, confirme o desmienta la información sobre esta solicitud. Este proceso ha suscitado un interés significativo en los medios y entre la ciudadanía, quienes observan de cerca los diversos desarrollos de la investigación. Etcheverry también ha hecho hincapié en la necesidad de una comunicación clara y precisa, especialmente en un caso que involucra al Presidente y su administración.
Elizalde también se refirió a la posible filtración de información relacionada con el caso, indicando que «estamos frente a un trascendido que sería el resultado de una eventual filtración». Este comentario es particularmente pertinente dado que las investigaciones de este tipo suelen estar sujetas a confidencialidad. El ministro Cordero menciona que se trata de una investigación reservada, por lo que Elizalde ha indicado que el Gobierno no se sumará a especulaciones en torno a ello. Mantener la integridad del proceso es esencial para asegurar la justicia y la transparencia.
Uno de los aspectos más discutidos en este caso es la conexión del Presidente Boric con la fundación Procultura, cuyo director, Alberto Larraín, ha sido un aliado cercano. Durante la gestión de Boric, los fondos públicos transferidos a esta entidad aumentaron considerablemente, lo que ha resultado en cuestionamientos sobre la administración de recursos y posibles conflictos de interés. La aparición de grabaciones en el celular de Larraín, que supuestamente contienen información relevante sobre el mandatario, han agudizado estas preocupaciones.
Finalmente, Elizalde enfatizó la importancia de que todas las medidas intrusivas en la investigación sean autorizadas por los tribunales competentes, destacando que «todas las instituciones deben desarrollar su trabajo en el marco del Estado de Derecho». El compromiso del Gobierno con el respeto a la ley y la correcta ejecución de las investigaciones es clave para mantener la confianza pública en las instituciones. A medida que avanza el Caso Procultura, las acciones y decisiones que se tomen serán observadas con atención tanto por la opinión pública como por los actores políticos e institucionales.
