La Corte de Apelaciones de Antofagasta ha tomado una decisión histórica al acoger el recurso de amparo presentado por Josefina Huneeus, ex directora de ProCultura. La instancia judicial determinó que las escuchas telefónicas realizadas durante la investigación fiscal del caso ProCultura fueron ilegales, lo que lleva a la eliminación de toda la información obtenida a través de dichos métodos. Esta resolución podría tener implicaciones significativas no solo para Huneeus, sino también para la credibilidad de la fiscalía en la investigación sobre los traspasos de fondos entre fundaciones y el Estado.
La defensa de Josefina Huneeus ha argumentado de manera contundente que la interceptación de su línea personal fue indebidamente llevada a cabo, y que incluso el Ministerio Público tenía conocimiento de que la grabación era ilegal. Sus abogados, Alejandro Awad Cherit y Miguel Schürmann Opazo, presentaron un extenso documento de 20 páginas en el que expusieron los errores cometidos en la autorización de las escuchas, que según ellos se basaron en una supuesta confusión al atribuir el teléfono a Alberto Larraín, quien es imputado en el mismo caso.
Uno de los puntos más controversiales que el recurso de amparo de Huneeus ha puesto de manifiesto es la revelación de una llamada que ella recibió del Presidente de Chile, Gabriel Boric, el 14 de octubre. En esta conversación, que fue interceptada por la Policía de Investigaciones (PDI), ambos discutieron no solo el avance de la investigación del caso ProCultura, sino que también hicieron mención a Larraín y a la situación judicial de Irina Karamanos. Estos detalles podrían generar un intenso debate sobre la influencia política y la privacidad en las investigaciones judiciales.
La corte ha declarado que las medidas tomadas por el Ministerio Público en este caso son irregulares, lo cual resalta una posible vulneración de los derechos individuales en el contexto de una investigación. Este fallo no solo podría beneficiar a Huneeus, sino que también plantea preguntas sobre cómo las instituciones estatales llevan a cabo las investigaciones y el respeto por la privacidad de los ciudadanos. El caso ProCultura ha puesto en el centro del debate público la efectividad y la ética de los mecanismos de investigación utilizados en delitos relacionados con la corrupción.
Esta decisión de la Corte de Apelaciones podría allanar el camino para que otros casos similarmente cuestionables sean revisados y anulados, restableciendo así la confianza en el sistema judicial. Mientras tanto, el Ministerio Público se enfrenta a un duro desafío en la defensa de sus métodos de investigación, y el caso ProCultura sigue generando repercusiones en el ámbito político y judicial nacional. Se anticipa que la noticia causará un gran revuelo en las próximas semanas, especialmente entre los actores involucrados y la opinión pública, atentos a cómo evoluciona este complejo entramado judicial.
