El Ministerio Público ha intensificado su lucha contra la corrupción en las cárceles con la operación Apocalipsis II, que busca profundizar las investigaciones iniciadas el pasado diciembre. En esa primera fase de la operación, se formalizaron cargos contra 23 civiles y 47 gendarmes, involucrados en delitos que incluyen cohecho, soborno y lavado de activos, en un periodo que abarca desde 2020 hasta 2025. Esta nueva ofensiva, según reporta el Diario La Tercera, fue dirigida por el fiscal regional Metropolitano Occidente, Marcos Pastén, quien ha señalado que se han descubierto redes criminales operando en el CDP Santiago 1 y en el CPF Santiago (San Joaquín), facilitando el ingreso de elementos ilícitos a las instituciones penitenciarias a cambio de sobornos a funcionarios.
La operación Apocalipsis II ha llevado a cabo un despliegue sin precedentes, con la ejecución de órdenes de entrada y registro en 14 domicilios a lo largo de la Región Metropolitana, así como en las regiones de Maule, Biobío y Magallanes. Esta jornada culminó con la detención de tres nuevos implicados que se suman a los ya arrestados en las fases anteriores de la investigación. A medida que avanza el proceso, se ha evidenciado que la corrupción dentro de los recintos penitenciarios está arraigada y que se necesita de una acción judicial contundente para desarticular las estructuras criminales que permiten su funcionamiento.
El fiscal Pastén ha destacado la relevancia de esta investigación al referirse al enfoque penitenciario adoptado por la Fiscalía Nacional en 2024, lo cual incluye la lucha contra el crimen organizado en las carceles. Desde la detención de 70 personas en la operación Apocalipsis anterior, entre las cuales 44 eran funcionarios de Gendarmería, se ha continuado la indagación, en la que se han recopilado evidencias que sugieren la existencia de una asociación criminal conformada por empleados de estas instituciones que buscaban proteger a sus cómplices a cambio de beneficios personales.
Uno de los individuos clave en esta red es Álex Vega, exdirigente de la extinta Anfup, quien fue arrestado durante la reciente operación. Se le acusa de diversos delitos, incluyendo cohecho y lavado de activos, y se prevé que se presenten pruebas que lo vinculan a prácticas corruptas en el pasado, tales como la falsificación de documentos para asegurar su reelección y la manipulación del proceso electoral dentro del sindicato. Estas acciones no solo socavan la confianza en el sistema penitenciario, sino que también apuntan a una cultura de impunidad que ha permitido que tales delitos prosperen.
El fiscal Tania Mora ha puesto de relieve que, durante esta nueva ronda de detenciones, se han logrado incautar vehículos e inmuebles, y se han congelado cuentas bancarias relacionadas con los delitos de cohecho. La magnitud de la corrupción en las cárceles es alarmante, con al menos $130 millones sin justificar que se han detectado en manos de Vega. El ministro de Seguridad, Martín Arrau García-Huidobro, ha reiterado el compromiso del gobierno de actuar enérgicamente contra la corrupción, destacando que, si los funcionarios de seguridad cruzan la línea, el Ministerio del Interior se convertirá en querellante en los casos correspondientes.
