El fiscal nacional, Ángel Valencia Vásquez, ha reconocido recientemente la existencia de una millonaria deuda universitaria que tiene desde el año 2004, la cual se hizo pública a raíz de una investigación periodística. Según un informe de BioBioChile, la deuda fue expuesta en el contexto del anuncio del gobierno sobre el cobro a los deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE). En la lista de deudores figuraban Valencia y más de 30 altos funcionarios del Congreso y la Contraloría, lo que ha generado una ola de reacciones y cuestionamientos sobre la responsabilidad de estas figuras públicas en el cumplimiento de sus compromisos financieros.
En relación con el monto adeudado, el artículo reveló que Valencia tenía una deuda de 218 UTM, equivalentes a aproximadamente $15.220.000. Sin embargo, el fiscal aclaró en contacto con Radio Bío Bío que el monto real de la deuda era de 75,51 UTM, lo que corresponde a $5.277.318. Esta cifra ha creado confusión entre los ciudadanos y ha llevado al fiscal a precisar que la diferencia se debe a los intereses acumulados a lo largo de los años desde su egreso universitario hace más de tres décadas.
Valencia manifestó que no tiene deuda con la universidad por crédito universitario, aclarando que solo tenía un saldo pendiente correspondiente al último año de su carrera, el cual asegura que ya había pagado antes de la publicación del reportaje de Mega. «Está todo pagado, intereses incluidos», afirmó el fiscal, intentando cerrar así el debate en torno a su situación financiera y la interpretación que se le ha dado a la deuda en los medios de comunicación.
De acuerdo con los registros a los que accedió La Radio, el pago de la supuesta deuda se realizó el pasado 10 de abril, justo días antes de que se hiciera pública la investigación periodística que destapó la situación de Valencia. Esta coincidencia ha generado especulaciones sobre si la presión mediática tuvo un impacto directo en la regularización de su deuda, lo que pone en entredicho la transparencia y la ética de los funcionarios públicos en el manejo de sus obligaciones financieras.
La revelación sobre la deuda del fiscal nacional no solo afecta su imagen personal, sino que también plantea interrogantes sobre la conducta de otros funcionarios públicos que han sido identificados como deudores del Fondo Solidario de Crédito Universitario (FSCU). Con un total de 342 mil deudores, de los cuales aproximadamente 17 mil son funcionarios del estado, la situación en torno a la deuda universitaria de altos cargos de gobierno ha cobrado relevancia y ha exigido un escrutinio más cercano sobre la gestión de los créditos universitarios y el cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de quienes están en posiciones de poder.
