El caso de Alberto Carlos Mejía Hernández, señalado como el asesino del denominado “Rey de Meiggs”, ha tomado un giro inesperado con la revelación de que un posible error de un funcionario podría haber sido la causa de su liberación. Según un informe de BioBioChile, Mejía, quien fue formalizado en el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago bajo la identidad falsa de Osmar Ferrer, había quedado en prisión preventiva junto a otros dos compañeros por el asesinato de José Reyes Ossa, un crimen presuntamente encargado por el empresario Wilson Verdugo. Sin embargo, el 10 de julio, Mejía fue liberado en circunstancias que ahora están bajo el escrutinio de la Fiscalía.
La situación se complicó debido a un error en la resolución que otorgaba la prisión preventiva al sicario vinculado al infame ‘Tren de Aragua’. Se informó que tras la formalización, la primera resolución emitida contenía un error en la identidad de Mejía. Esto llevó a la redacción de un segundo documento que anulaba la decisión anterior y a la eventual promulgación de una tercera resolución, que confirmaba que el acusado debía permanecer en prisión. A pesar de que esta resolución correcta fue enviada a Gendarmería a las 14:00 del 10 de julio, Mejía fue liberado posteriormente de manera inexplicable.
La Corte Suprema examinará un informe de la Corporación Administrativa del Poder Judicial para evaluar cómo se produjo esta confusión que resultó en la liberación del asesino. Según El Mercurio, el análisis preliminar sugiere que no hubo un problema informático, sino que se trató de un error humano. Un funcionario envió el documento incorrecto a la cárcel de Santiago 1, mientras que la resolución que confirmaba la prisión preventiva, aunque fue transmitida correctamente, no fue suficiente para evitar la liberación del criminal.
Ahora, la Fiscalía Metropolitano Occidente, encabezada por el fiscal Marcos Pastén, deberá investigar si hubo dolo en la liberación de Mejía y si alguno de los involucrados en el proceso judicial actuó de manera negligente o intencional. La situación es alarmante, sobre todo considerando la naturaleza violenta de los crímenes asociados con Mejía y su salida del país hacia Perú apenas dos días después de su liberación. Este incidente ha suscitado preguntas sobre la efectividad de los controles y procesos judiciales en Chile.
El caso no solo tiene implicancias legales, sino que también podría afectar la percepción pública sobre el sistema judicial y su capacidad para manejar casos de alta peligrosidad. La comunidad espera respuestas claras y acciones definitivas que garanticen que casos como el de Mejía no se repitan. La atención mediática y la vigilancia de la Corte Suprema serán cruciales en las próximas semanas, mientras se determina el grado de responsabilidad en esta peligrosa omisión.
