La contralora general de la República, Dorothy Pérez Gutiérrez, ha hecho un llamado de alerta sobre el posible impacto del financiamiento de las emergencias en las regiones de Ñuble y Biobío, que sufren graves incendios. Según la contralora, los recursos destinados a atender estas crisis calamitosas podrían comprometer la implementación del reajuste del sector público. Esta alerta se produce en un momento crítico, ya que hoy está programada la votación de la Ley de Reajuste al Sector Público en la Comisión de Hacienda del Senado, un tema que ha generado intensos debates en el país debido a su relevancia para los trabajadores del sector público.
Pérez subrayó que los fondos que se suelen destinar a emergencias no deberían ser considerados como parte de las provisiones del presupuesto de 2026 que alimentan el reajuste salarial de los funcionarios públicos. En sus declaraciones, destacó que estas provisiones tienen finalidades diversas y reiteró que ante la magnitud de los daños ocasionados por los incendios, se verá una necesidad imperiosa de utilizar gran parte de esos recursos para enfrentar la crisis. Esto supone que los montos que se tenían contemplados para el reajuste estarían en serio riesgo de no materializarse, algo que podría desajustar las expectativas de los trabajadores.
Desde el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) se han hecho eco de las preocupaciones planteadas por la contralora. Paula Benavides, representante del CFA, enfatizó que las provisiones disponibles no son suficientes para cubrir la cifra necesaria de aproximadamente 822 millones de dólares para el reajuste. De acuerdo con su análisis, será crucial realizar reasignaciones o aumentar el uso de las provisiones existentes para evitar un colapso en las finanzas que podrían afectar a sectores sensibles del estado.
Benavides también hizo hincapié en que los montos asignados deben ser suficientes para cubrir no solo el reajuste, sino también otros gastos preestablecidos en leyes permanentes, lo que incluye las cotizaciones previsionales que se derivan de la reciente reforma de pensiones. Este enfoque busca asegurar que no solo se atiendan las demandas laborales, sino que también se mantengan las arcas públicas saludables para enfrentar futuras contingencias y emergencias, destacando así la importancia de una planificación adecuada del presupuesto nacional.
Ante este complejo escenario, la situación en el sur del país requiere atención prioritaria. Los devastadores incendios han generado un impacto significativo en las comunidades afectadas y han reabierto el debate sobre cómo se deben gestionar los recursos del estado frente a emergencias naturales. La proclamación de la contralora y del CFA pone de manifiesto la urgencia de encontrar soluciones que atiendan tanto a las necesidades inmediatas generadas por la crisis, como a los ajustes estratégicos necesarios para el desarrollo de programas económicos y sociales que beneficien a la población en el largo plazo.
