La Corte Suprema de Chile ha tomado una firme decisión al rechazar por unanimidad la solicitud de remoción del fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper Monti, presentada por legisladores oficialistas. Esta resolución se produce en el contexto de un intenso debate sobre la actuación del fiscal, quien ha sido objeto de cuestionamientos tras la filtración de conversaciones privadas de la exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler, con la diputada Karol Cariola, del Partido Comunista. Los críticos de Cooper han señalado que su comportamiento es desproporcionado y negligente, lo que generó un clamor en algunos sectores por su destitución.
Entre las principales acusaciones a las que se enfrenta Cooper se encuentra el procedimiento que llevó a cabo durante el allanamiento de la residencia de la diputada Cariola, quien en ese momento se encontraba dando a luz a su hijo. Este hecho ha desatado una ola de indignación y críticas hacia la actuación del Ministerio Público, que muchos consideran una falta de sensibilidad ante una situación tan delicada. Sin embargo, la Corte Suprema no ha encontrado suficientes fundamentos para proceder con la destitución de Cooper, lo que ha dejado a varios legisladores oficialistas decepcionados.
El abogado de Patricio Cooper, Matías Insulza, defendió la conducta de su cliente y aseguró que los hechos planteados en la solicitud de remoción no habían ocurrido de la manera en que se describían. Insulza argumentó que el actuar de Cooper estuvo en línea con su deber de perseguir la verdad y que cualquier crítica debió ser analizada en el contexto de las complejidades del trabajo judicial. Este argumento ha resonado en la Corte Suprema, que optó por desestimar las reivindicaciones en contra del fiscal.
La controversia alrededor de este caso pone de relieve la tensión existente entre el poder judicial y los sectores políticos en Chile, así como la forma en que se manejan las investigaciones judiciales en el país. La decisión de la Corte Suprema también podría tener repercusiones en futuras acciones de legisladores que busquen cambiar el rumbo de las investigaciones propias del Ministerio Público, especialmente en contextos tan exclusivos y controversiales como el de la política chilena actual.
Con el rechazo a la remoción de Cooper, se reafirma la independencia del poder judicial chileno ante las presiones de la política, un principio fundamental en una democracia consolidada. Se espera que esta decisión genere nuevos debates sobre la forma en que las instituciones del estado manejan la información y la transparencia, y sobre cómo se pueden equilibrar las necesidades de justicia con los derechos de los individuos involucrados en investigaciones penales. La Corte Suprema, con su fallo unánime, ha dejado claro que la justicia y el debido proceso son prioritarios.
