El Servicio Médico Legal (SML) ha señalado oficialmente que la responsabilidad por la tardanza en la identificación del cuerpo del estudiante Luis Felipe Correa recae en el Registro Civil. Correa, de sólo 19 años, había estado desaparecido durante 74 días. Aunque su cuerpo fue ingresado a las instalaciones del SML el 21 de agosto por orden de la Fiscalía de Ñuñoa, su identificación se alargó debido a lo que el SML califica como una serie de acontecimientos excepcionales.
Según el SML, la autopsia del fallecido se llevó a cabo el 22 de agosto, y desde ese momento se iniciaron los protocolos de identificación. El 15 de septiembre, el SML reiteró al Registro Civil la solicitud para la identificación del cuerpo, que en ese momento era considerado un NN (Ninguno Nombre). Sin embargo, fue recién el 4 de noviembre que se pudo obtener la confirmación de identidad, lo que generó la frustración y dolor de la familia Correa.
La familia de Luis Felipe Correa ha hecho acusaciones formales hacia el SML, responsabilizándolo de la falta de comunicación en torno al estado del cuerpo. El comunicado del SML, sin embargo, defiende su proceder al destacar que realizaron todos los trámites en tiempo y forma, incluyendo la autopsia y los informes pertinentes a la Fiscalía. La institución recalca que en situaciones normales la entrega de identidades ocurre en menos de 48 horas, apuntando que la prolongada espera en este caso fue atípica.
En el comunicado, el SML ha expresado su intención de aclarar los hechos y ha enfatizado su compromiso con el correcto manejo de casos sensibles como el del joven Correa. Las autoridades del servicio han indicado que, a pesar de recibir el cuerpo en condiciones normales, la complejidad del caso y la respuesta del Registro Civil complicaron el proceso. El cuerpo fue finalmente entregado a la familia el 6 de noviembre, un día después de que se confirmara su identidad.
Este trágico suceso ha generado un intenso debate sobre la eficiencia y la comunicación entre los distintos organismos de justicia y salud, reflejando las falencias que pueden surgir en situaciones donde se comprometen vidas humanas. Familiares y usuarios de servicios públicos exigen respuestas más rápidas y efectivas en casos de desaparición y muerte, destacando la necesidad de mejorar los procesos de identificación para evitar que tragedias como esta se repitan en el futuro.
