La jueza Irene Rodríguez Chávez, quien se encontraba a cargo del 8° Juzgado de Garantía de Santiago, ha sido oficialmente imputada por el delito de prevaricación culposa. Esta acusación surge en relación con la controvertida liberación del sicario Carlos Alberto Mejía Hernández, formalizado por el asesinato del conocido «Rey de Meiggs», José Felipe Reyes Ossa. El caso ha generado una enorme repercusión mediática y social, poniendo de relieve la necesidad de revisar las decisiones judiciales en torno a la seguridad pública y la correcta administración de justicia.
El Poder Judicial decidió suspender a la magistrada de sus funciones el pasado 26 de julio, a medida que avanza la investigación. Rodríguez ha declarado ante la Policía de Investigaciones (PDI), en donde aseguró que su fallo para liberar al homicida estuvo rodeado de confusiones provocadas por Gendarmería. Argumentó que esta institución no cotejó adecuadamente los oficios que ella emitió, lo cual considera fundamental para evitar malentendidos que puedan poner en riesgo la seguridad.
Según la jueza, la clave del problema radica en el manejo de los oficios enviados a Gendarmería, específicamente uno que, según ella, nunca debió ser remitido. Rodríguez destacó que, al momento de la liberación de Mejía Hernández, Gendarmería recibió simultáneamente varios oficios en distintos momentos, generando caos en la interpretación de las órdenes judiciales. Este hecho ha llevado a la magistrada a criticar la falta de atención y diligencia en el lado administrativo del sistema judicial.
La jueza reconoció que el envío del oficio que dejaba sin efecto la prisión preventiva del sicario fue un error que no debió haberse cometido. Además, planteó que, en lugar de actuar sobre la base de la confusión de los documentos, Gendarmería debería haber verificado con el tribunal antes de proceder, indicando: “Es cuestión de cotejar, cuál primero, cuál después”, en un llamado a la responsabilidad de las instituciones involucradas.
Es importante considerar que este caso se encuentra en desarrollo y que la imputación no implica una condena. De acuerdo con el artículo 04 del Código Procesal Penal, todos los imputados son inocentes hasta que se demuestre lo contrario en un juicio. Por lo tanto, queda a la espera de que la investigación aclare las circunstancias de este presunto error judicial que ha puesto en jaque la integridad de la Justicia en Chile.
