El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, se pronunció en la mañana de este jueves sobre la reciente querella interpuesta bajo la Ley Antiterrorista, en respuesta al ataque perpetrado contra las obras de la central de pasada en Rucalhue. Cordero anunció su intención de viajar a la zona afectada, donde se reunirá con los representantes de la empresa china International Water & Electric Corp, cuyas operaciones han sido gravemente impactadas por el atentado, que dejó a dos guardias heridos y dañó 45 camiones y cinco maquinarias. El ataque, ocurrido el domingo pasado, ha suscitado una ola de reacciones en el contexto de la creciente tensión entre el desarrollo de proyectos hidroeléctricos y las demandas de las comunidades locales.
Durante una entrevista con Radio Pauta, el ministro destacó la importancia de garantizar la seguridad en el desarrollo de proyectos de inversión y la clara postura del Gobierno en favor de la continuidad de la construcción de la central de Rucalhue. Cordero subrayó que la reciente reunión con los representantes de la empresa tenía como objetivo principal discutir los planes de seguridad que se implementarán para prevenir futuros incidentes y proteger tanto a los trabajadores como las inversiones. Aseveró que el uso de la Ley Antiterrorista en este caso representaba una contundente respuesta estatal ante quienes intentan obstaculizar el progreso de proyectos legítimos en el país.
Sin embargo, la situación ha generado un fuerte rechazo por parte de comunidades mapuche pewenche que, junto a diversas organizaciones sociales y ambientales, planean manifestarse en La Moneda. Estas comunidades entregarán una carta dirigida al Presidente de la República, demandando la paralización inmediata del proyecto hidroeléctrico en Rucalhue. En la misiva, se argumenta que la construcción de esta central dañará irreversiblemente los derechos y territorios de las comunidades pehuenche, quienes ya han expresado su descontento ante lo que consideran una violación grave a sus derechos ancestrales y al medio ambiente.
Los líderes indígenas también están preparados para presentar los resultados de actividades mantenidas previamente con el embajador de China y con autoridades de Conaf, en un intento por visibilizar sus reivindicaciones. Los representantes aseguran que la construcción de esta cuarta central hidroeléctrica exacerba una ya crítica situación de vulneración de derechos en la región de Alto Biobío, donde la resistencia a los proyectos extractivistas ha cobrado cada vez más fuerza. Estas protestas se enmarcan dentro de un contexto de reivindicación de derechos territoriales históricos que buscan frenar un modelo de desarrollo que, a su juicio, prioriza el capital por encima de las comunidades locales.
A medida que la tensión aumenta, queda claro que el Gobierno deberá lidiar con un complejo escenario en el que se enfrentan las demandas de desarrollo económico y el respeto por los derechos de las comunidades originarias. El resultado de la reunión entre el ministro Cordero y los representantes de la empresa, así como la respuesta del Gobierno a la petición de las comunidades mapuche pewenche, será crucial para determinar el futuro del proyecto de Rucalhue y el clima de paz social en la región. Mientras tanto, el público y los medios de comunicación continúan atentos a los acontecimientos, que prometen ser un punto de inflexión en la relación entre el Estado, las empresas extranjeras y las comunidades indígenas en Chile.
