El Juzgado de Garantía de San Bernardo ha dictado prisión preventiva este viernes para Carmen Audala, oficial civil de la oficina de Buin, y su suplente, Fabiola Esparza, tras ser formalizadas por malversación de fondos públicos. La decisión del tribunal surge en consideración de que su libertad representa un riesgo tanto para la seguridad de la sociedad, como para el desarrollo de la investigación que el fiscal Paul Martinson tiene a su cargo. Este caso ha captado la atención pública debido a la magnitud de los fondos involucrados y las graves acusaciones en contra de las funcionarias.
La controversia se originó el pasado 11 de agosto, cuando se presentó una denuncia relacionada con la desaparición de más de $17 millones desde la caja fuerte que resguardaba las recaudaciones del servicio en la oficina de Buin. Dicha denuncia fue precedida por un informe de la Auditoría Interna del Registro Civil, que ya había señalado irregularidades en la gestión de dinero, lo que motivó una intervención en la oficina. Esto pone de manifiesto las fallas en la supervisión de los procedimientos internos y la administración de recursos públicos.
Durante las diligencias en torno a este caso, se reveló que una de las funcionarias había reportado, un año antes, un robo en la misma oficina por un monto de $11 millones. Esta situación ha llevado a que los antecedentes de ese episodio también formen parte de la investigación actual, planteando interrogantes sobre la seguridad y la correcta administración en las oficinas del Registro Civil. Las implicaciones de la malversación de fondos públicos podrían tener consecuencias amplias en la percepción de transparencia y confianza en las instituciones.
Las acusadas, Carmen Audala y Fabiola Esparza, fueron detenidas el pasado martes en un operativo llevado a cabo por la Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros. Ahora enfrentarán un proceso de indagación que se extiende por un plazo de 90 días, un periodo en el que se espera que se recojan más pruebas y se esclarezcan los hechos. Mientras tanto, el Registro Civil ha iniciado una querella por hurto y malversación culposa, indicando la gravedad de la situación y su intención de reparar el daño causado.
Este caso no solo pone de relieve la problemática de la malversación de fondos en el sector público, sino que también reabre el debate sobre la necesidad de medidas más estrictas en la supervisión de las administraciones de recursos públicos. La acción del Juzgado de Garantía refleja la seriedad con la que se están tomando estas acusaciones, al imponer una prisión preventiva que busca salvaguardar el proceso judicial y la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas.
