La Sala del Senado ha iniciado un intenso debate sobre el proyecto de ley que propone el cumplimiento alternativo de penas privativas de libertad a través de la reclusión domiciliaria total para individuos con enfermedades terminales o avanzados en edad. Este primer debate ha estado marcado por la fuerte oposición expresada por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo Falcón, quien alertó sobre las implicaciones que este proyecto podría tener sobre la población penal de Chile. La propuesta ha suscitado inquietudes en diversos sectores, principalmente por la posibilidad de que beneficie a condenados por delitos graves, incluyendo crímenes de lesa humanidad, lo que ha desatado un fervoroso intercambio de opiniones entre los senadores.
Durante su intervención, Gajardo presentó cifras que revelan que 735 personas podrían calificar para la reclusión domiciliaria si se aprueba el proyecto tal como está propuesto. De este número, 370 individuos han sido sentenciados por crímenes de lesa humanidad, lo que ha generado preocupación entre los detractores de la ley, quienes argumentan que esto podría socavar el sistema judicial y la lucha contra la impunidad en el país. Las cifras también incluyen a 365 condenados por delitos comunes, lo que subraya la necesidad de un análisis profundo y equilibrado de las consecuencias de esta iniciativa legislativa.
El proyecto, impulsado por senadores del bloque de Chile Vamos, establece un régimen excepcional que permitiría a los internos de edad avanzada, hombres a partir de los 70 años y mujeres a partir de los 65, cumplir sus penas en casa si cumplen con ciertos requisitos de edad y tiempo encarcelados. Sin embargo, Gajardo ha denunciado que la iniciativa presenta «falencias técnicas y jurídicas» y podría entrar en conflicto con los compromisos internacionales que tiene Chile, incluyendo el respeto a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, especialmente en lo que se refiere a los crímenes más atroces.
A pesar de la oposición del Gobierno y de un sector mayoritario en el Senado, se permitió que el debate siguiera adelante, seguramente reflejando las diversas posturas que existen en la política chilena respecto a la administración de justicia y la reinserción social. Se rechazó una solicitud para que el proyecto fuera revisado por la Comisión de Constitución, lo cual indica una falta de consenso sobre el camino a seguir. A medida que se desarrolla esta discusión, las tensiones políticas se intensifican, evidenciando la polarización entre quienes abogan por una reforma más humanitaria en las penas y quienes temen que esto pueda beneficiar a criminales de alta peligrosidad.
La prolongada discusión, que se estiró a más de dos horas, dejó en claro que el tema es complejo y repleto de matices. Los senadores no solo deben considerar los aspectos legales de la propuesta, sino también las implicaciones éticas y sociales que conlleva. Así, mientras algunos ven en el proyecto una oportunidad para humanizar el sistema penitenciario, otros advierten sobre el peligro que representa otorgar beneficios a quienes han cometido algunas de las fracturas más graves de la sociedad. El futuro de este proyecto sigue en el aire, esperando decisiones que podrían cambiar la forma en que se administran las penas en Chile.
