El pasado martes 21 de abril de 2026, se realizó la transferencia de recursos a 309 comunas de Chile, marcando un hito significativo en el apoyo a las administraciones locales. La suma total de recursos asciende a $113.267 millones, que provienen de la segunda cuota del Royalty Minero. Esta inyección de fondos no solo refleja el compromiso del gobierno, sino que también tiene como finalidad mejorar la capacidad de financiamiento municipal, impulsando así el desarrollo y la autonomía de los territorios más necesitados.
De los recursos distribuidos, $27.458 millones corresponden al Fondo Comunas Mineras (FCMI), que favorece a 45 comunas directamente afectadas por la actividad minera. Este fondo busca mitigar las externalidades negativas de la minería, proporcionando a las comunas afectadas un apoyo financiero que les permita abordar las problemáticas locales derivadas de esta actividad económica. Por su parte, $85.808 millones son parte del Fondo de Equidad Territorial (FET), que beneficia a 302 comunas y tiene como objetivo reducir las disparidades presupuestarias, garantizando así un desarrollo más equilibrado entre regiones.
Sebastián Figueroa, subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE), destacó que esta transferencia es un claro cumplimiento del compromiso del Presidente José Antonio Kast de poner a las familias en el centro de la gestión pública. Según Figueroa, esta inversión permitirá a los alcaldes ejecutar proyectos vitales en áreas como salud, educación, medioambiente y seguridad, que son fundamentales para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. La ejecución de estos proyectos fortalecerá la infraestructura local y generará oportunidades de empleo en las comunas.
Esta estrategia de financiamiento se enmarca en el esquema del Royalty Minero, un impuesto aplicado a las grandes empresas mineras del país, que anualmente destina aproximadamente 450 millones de dólares a las regiones y comunas. Las comunas que se benefician del Fondo Comunas Mineras son seleccionadas en base a un informe de la Comisión Chilena del Cobre, el cual considera criterios como la presencia de operaciones mineras activas y su ubicación en regiones de alta actividad minera. Este sistema busca no solo compensar los impactos locales, sino también promover un desarrollo sostenible en estos territorios.
La implementación de estos fondos representa un paso importante hacia la descentralización y el fortalecimiento del poder local en Chile. Con estos recursos, se espera que las comunas puedan llevar a cabo proyectos que responden a sus necesidades específicas, permitiendo así un desarrollo más equitativo en el país. A medida que los alcaldes comienzan a planificar y ejecutar iniciativas con estos fondos, se espera un impacto positivo en las comunidades, que han estado esperando una mayor atención y recursos para mejorar sus condiciones de vida.
