En el marco de la Semana de la Energía de OLADE, organizaciones de Chile y Colombia presentaron documentos clave de Salvaguardas Socioambientales para la Transición Energética Justa (TEJ). El lanzamiento oficial se realizó en Santiago, en el Mercado Urbano Tobalaba (MUT), y estuvo organizado por la Alianza Potencia Energética Latinoamérica (APEL). Los textos buscan convertirse en salvaguardas vinculantes y proponen mecanismos de compensación justa, participación ciudadana, transparencia en contratos y protección legal para las comunidades más vulnerables, con el fin de garantizar una transición que proteja derechos humanos y ecosistemas.
El documento chileno, fruto de un esfuerzo colectivo facilitado por Artyc Studio con el apoyo de APEL y el Fondo Movimiento Energético, fue redactado en colaboración con la Fundación Ecosur, la Red de Pobreza Energética (RedPE) y la ONG Energía Colectiva. Sus autores enfatizan que la transición debe ir más allá del simple reemplazo de combustibles fósiles por renovables: debe considerar los impactos de megaproyectos industriales, mineros y de generación y transmisión eléctrica que pueden erosionar ecosistemas y comunidades sin un diálogo profundo. Casos como litio, hidrógeno verde y parques eólicos ilustran lógicas extractivas persistentes y la necesidad de límites claros.
En Colombia, la expositora Luna Gómez, lideresa juvenil del Consejo Comunitario Ancestral de los Negros de Cañaverales, subrayó el papel del Estado como mediador para garantizar derechos y promover un desarrollo sostenible dentro de los proyectos energéticos, asegurando patrimonio cultural, biodiversidad y mitigación climática, y garantizando participación y procesos transparentes. Otra ponente, Isabel Preciado Ochoa, coordinadora del proceso de construcción colectiva de salvaguardas, coincidió en que el rol estatal debe actuar como bisagra entre derechos y presión de intereses empresariales, promoviendo roles normativos, redistribución de justicia, garantía de derechos, fiscalización e pedagogía de cambio cultural.
Las Salvaguardas Socioambientales se conciben como un conjunto de políticas, normas, criterios y procedimientos para proteger comunidades y ecosistemas frente a impactos de proyectos energéticos. Su objetivo es que la transición hacia energías limpias sea sostenible, equitativa y respetuosa de derechos humanos y de la naturaleza. En la práctica, incluyen mecanismos de protección, reparación y resiliencia, asegurando compensación, participación vinculante, transparencia contractual y protección legal de los colectivos más vulnerables; además, establecen un Decálogo de principios: derechos humanos, justicia social y ambiental, descentralización, transparencia y participación ciudadana, entre otros.
El lanzamiento en Santiago marca un hito regional y reitera que la energía es un derecho, no un privilegio. Las salvaguardas aspiran a convertirse en reglas vinculantes que eviten repetir injusticias pasadas y que prevengan lógicas extractivas. El proceso involucró a actores de Chile y Colombia, con la participación de la Fundación Ecosur, la RedPE, Energía Colectiva, y el apoyo del Fondo Movimiento Energético y del Fondo Socioambiental Emerger. Organizan: Alianza Potencia Energética Latinoamérica, Artyc Studio, Transforma Global, Fondo Movimiento Energético, Fundación Ecosur, RedPE y ONG Energía Colectiva.
