El Servicio Médico Legal (SML) ha respondido recientemente a los cuestionamientos planteados por la Contraloría General de la República (CGR), indicando que un 80% de las muestras genéticas pendientes han sido analizadas hasta la fecha. Este pronunciamiento se produce en un contexto en el que se ha logrado identificar retrasos significativos en el ingreso de muestras al Registro Nacional de ADN, un sistema crucial para la identificación criminológica y la justicia en el país.
La CGR había hecho hincapié en que, además de los retrabajos en el ingreso de muestras, se detectaron serias deficiencias en el uso del sistema CODIS, que permite la comparación de perfiles de ADN a nivel nacional e internacional. Ante esta situación, el SML ha reconocido que las dificultades han surgido a raíz de las restricciones operativas impuestas por la pandemia de COVID-19, que impactaron no solo la capacidad de toma de muestras, sino también el procesamiento y análisis de las mismas.
El contexto de escasez de personal y las limitaciones operativas han llevado al SML a colaborar estrechamente con Gendarmería para mitigar el impacto de estos desafíos. La institución ha señalado que la combinación de estas circunstancias ha generado una acumulación en el procesamiento de pericias biológicas, lo que a su vez dificultó el funcionamiento efectivo del Registro Nacional de ADN CODIS durante un tiempo prolongado.
A pesar de los problemas enfrentados, el SML ha destacado que se ha trabajado en la elaboración de un Plan de Reducción de Brechas, que ha movilizado recursos dirigidos a disminuir el rezago que llegó a alcanzar las 62 mil pericias pendientes. Gracias a este esfuerzo, el avance en la normalización del sistema se ha vuelto evidente, con la consecución de la finalización del 80% de las muestras, lo que representa un cambio significativo en la gestión de estos procedimientos.
«Estas acciones son un avance concreto, sustancial y continuo que nos permite mirar hacia un futuro con más optimismo respecto a la capacidad de respuesta del SML ante su función de garantizar el acceso a la justicia», señalaron desde la institución. La recuperación y mejoramiento del sistema del Registro Nacional de ADN es una prioridad que podría tener un impacto positivo en la seguridad pública y en la resolución de casos penales pendientes.
