Con la firma de un convenio de colaboración, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), la Casa de Moneda de Chile y los gremios ANASAC, AFIPA e IMPPA han establecido una mesa de trabajo público-privada cuyo objetivo es diseñar un piloto de trazabilidad y seguridad digital en la industria fitosanitaria. Este acuerdo busca fortalecer la fiscalización y elevar los estándares regulatorios mediante la implementación de un sistema nacional que garantice la identificación del origen de los productos fitosanitarios y evite manipulaciones durante su distribución, además de avanzar hacia una norma nacional de etiquetado.
El desarrollo del piloto, que se implementará en terreno, permitirá validar un novedoso sistema de etiquetado que incorpora tecnologías de seguridad innovadoras desarrolladas por Casa de Moneda. Entre estas tecnologías destacan los códigos QR seguros y elementos antifalsificación que asegurarán la autenticidad de los productos fitosanitarios. Estas herramientas no solo facilitarán el rastreo a lo largo de toda la cadena de comercialización, sino que también permitirán prevenir emisiones no autorizadas, aportando así una capa adicional de seguridad en la industria.
Ángela Movillo, Gerenta Comercial de Casa de Moneda, enfatizó la importancia de este convenio al señalar que la institución pública está comprometida con la creación de soluciones innovadoras que promuevan tanto la seguridad como la trazabilidad en sectores estratégicos de la economía chilena. Movillo subrayó que este esfuerzo conjunto representa una oportunidad para elevar los estándares del país y avanzar hacia una regulación moderna y efectiva, crucial para responder a las exigencias actuales del mercado.
En la actualidad, en Chile existen más de 1.400 productos fitosanitarios autorizados y alrededor de 300 empresas fabricantes e importadoras, aunque persisten brechas significativas en su trazabilidad. Esta realidad es preocupante, especialmente frente a normativas como la Ley REP, que demanda trazabilidad no solo en los productos, sino también en la gestión de envases. La detección de productos en zonas restringidas, como los humedales y áreas protegidas, refuerza la necesidad de establecer un sistema robusto que garantice el control efectivo de la distribución y uso de estos insumos.
El Director Nacional del SAG destacó que la trazabilidad debe ser vista no solo como un requisito técnico, sino como una garantía para el consumidor y una herramienta vital para la industria. Este esfuerzo, además, permitirá consensuar un estándar mínimo de seguridad digital que es posible escalar a nivel nacional. María Beatriz Ceardi, gerente de Asuntos Regulatorios de ANASAC, y Patricia Villarreal, directora ejecutiva de AFIPA, coincidieron en la urgencia de avanzar en tecnologías que fortalezcan la trazabilidad y garanticen la seguridad del uso de productos fitosanitarios, un desafío que tiene repercusiones directas en la salud pública y en la estabilidad del sector agrícola.
