El Gobierno de Estados Unidos anunció este viernes la revocación de las visas de tres funcionarios chilenos, a quienes se les acusa de involucrarse en actividades que representaron un peligro para la infraestructura crítica de telecomunicaciones y la seguridad en la región. La declaración, firmada por el secretario de Estado Marco Rubio, subraya que estos individuos habrían dirigido, autorizado y realizado acciones que socavan la seguridad en el hemisferio, según la evaluación del gobierno estadounidense. Esta medida forma parte de un esfuerzo más amplio para contrarrestar lo que Washington considera intentos de desestabilización en América Latina.
A través de su sitio web, el Departamento de Estado de EE.UU. informó que la revocación de visas incluye no solo a los funcionarios implicados, sino también a sus familiares directos, lo que refuerza la gravedad de la acción. “Estamos decididos a defender nuestros intereses nacionales y a proteger la seguridad de nuestros aliados en la región”, expresó Rubio, destacando que estas sanciones se enmarcan dentro de la política de la administración Trump en cuanto a la seguridad nacional.
Además, el comunicado señala que el legado del actual Gobierno chileno, encabezado por Gabriel Boric, podría verse aún más afectado por este tipo de situaciones, sugiriendo que la administración estadounidense está monitoreando de cerca las acciones de sus funcionarios. Este tipo de sanciones pone en relieve las tensiones existentes entre los dos países y la forma en que cada uno percibe la seguridad regional, una cuestión que seguirá siendo crítica en los próximos años.
El anuncio también se produce en la antesala de un cambio de gobierno en Chile, con José Antonio Kast como presidente electo. Washington dejó claro su interés en colaborar en temas de seguridad regional con la próxima administración, lo cual podría significar un enfoque diferente en la relación bilateral. En este contexto, las sanciones se interpretan como una señal de que EE.UU. espera una alineación más favorable con sus intereses estratégicos en la región.
Hasta el momento, se desconoce la identidad de los funcionarios chilenos afectados por esta acción. Sin embargo, el hecho de que se hayan invocado disposiciones específicas de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de EE.UU. indica la seriedad de las acusaciones. Rubio concluyó en sus redes sociales que la Administración Trump seguirá actuando para salvaguardar la prosperidad económica de su país y mantener la paz en el hemisferio, reafirmando su compromiso de sancionar a quienes dañen la seguridad regional.
