El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, subrayó la autoridad del Estado en el manejo de las cárceles, en medio de un escándalo de corrupción que ha llevado a la detención de 44 funcionarios de Gendarmería y numerosos civiles. En una entrevista con Radio Cooperativa, Gajardo afirmó que hablar de un control externo de las prisiones es una «trampa retórica». Con este pronunciamiento, el ministro busca reafirmar la confianza pública en el sistema penitenciario y en las instituciones encargadas de la administración de la justicia en el país.
Gajardo destacó que la reciente operación que resultó en la detención de múltiples sospechosos no fue un evento aislado, sino el resultado de una intensa colaboración entre Gendarmería, el Ministerio Público y las policías, una «fuerza de tarea del Estado» establecida en 2023. Según el ministro, esta investigación es parte de un esfuerzo continuo para desmantelar las redes de corrupción que han penetrado el sistema penitenciario y que amenazan la seguridad en el país.
El ministro también enfatizó que la corrupción en el sistema penitenciario no es un problema exclusivo de Chile, sino un fenómeno global donde el crimen organizado aprovecha la debilidad de los funcionarios públicos para infiltrarse en diversas instituciones. Gajardo reiteró que este esfuerzo comenzó tras las extorsiones reportadas en el penal Santiago 1 a principios de 2022, cuando el Gobierno estaba recién instalado y decidió actuar ante la gravedad de los hechos.
Históricamente, la relación entre la justicia y la corrupción ha sido tensa en Chile. Gajardo recordó que en los inicios de su gestión como subsecretario de Justicia, se acercó a la Fiscalía Nacional para configurar un equipo de trabajo que pudiera abordar la problemática de la corrupción en el sistema carcelario. Sin embargo, criticó la falta de atención que recibió en ese momento, lo que evidencia las dificultades que enfrenta el sistema judicial para actuar ante situaciones de corrupción.
Finalmente, Gajardo expresó su satisfacción por la colaboración efectiva con el fiscal nacional Ángel Valencia, quien asumió el cargo en enero de 2023 y mostró compromiso con la lucha contra la corrupción. Con la creación de este equipo en marzo de ese año, el ministro considera que lo ocurrido recientemente es un avance significativo en la protección del sistema penitenciario y un paso firme hacia la recuperación de la confianza ciudadana en las instituciones.
