El Gobierno chileno ha anunciado los primeros resultados del «Informe de Inspección Total al Estado», elaborado por el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG). Este informe, que ha sido presentado en la segunda reunión del Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal, destaca preocupaciones significativas en la gestión de los recursos fiscales, tras analizar más de 500 servicios públicos entre 2025 y marzo de 2026. La subsecretaria general de la Presidencia, Constanza Castillo Gamboa, subrayó que aunque las alertas encontradas no constituyen irregularidades concluyentes, sí requieren una atención detallada debido a la seriedad de las observaciones realizadas.
Uno de los hallazgos más preocupantes del informe es la identificación de transferencias y convenios que suman más de 140 millones de dólares, los cuales fueron otorgados a entidades con menos de un año de existencia al momento de recibir los fondos. Además, se detectaron patrones de contratación que sugieren una fragmentación en las compras, evidenciada por la utilización de la modalidad de “Compra Ágil”. Este método ha resultado en más de 65 mil adquisiciones a un mismo proveedor, lo que plantea interrogantes sobre la transparencia y la competencia en los procesos de contratación pública. Asimismo, se registraron más de mil contratos con compromisos a mediano y largo plazo, junto a convenios ya cerrados que superan los 50 millones de dólares en gastos no auditados.
En el ámbito del personal, el informe revela el ingreso de más de 2.500 funcionarios a los planteles estatales en los últimos meses de 2025. También se han reportado traspasos masivos de trabajadores de contrato honorario a contrata hacia finales del año anterior. Un tema igualmente preocupante es la situación de casi 100 mil empleados que cuentan con licencias médicas superiores a un mes, de los cuales más de mil tienen ausencias laborales que se han prolongado por más de un año, lo que podría generar un impacto significativo en la operatividad del Estado.
La subsecretaria Castillo calificó el proceso de auditoría como un «hecho inédito» y destacó la rapidez con la que se recolectó la información, gracias al trabajo de más de mil auditores internos. En total, se analizaron 213 millones de registros, cruzando datos de sistemas administrativos y plataformas de transparencia. Castillo enfatizó el compromiso del Gobierno del presidente Gabriel Boric por proteger los recursos públicos y asegurar un manejo riguroso en todos los niveles de gestión gubernamental.
En paralelo a la presentación del informe, el Ejecutivo ha decidido reforzar la estructura encargada de supervisar la auditoría, designando a Cristián Muñoz como nuevo auditor general de Gobierno y sumando al CAIGG a figuras con experiencia como el excontralor Ramiro Mendoza y la exdirectora de Presupuestos, Cristina Torres. Estas decisiones buscan no solo mejorar la evaluación técnica de los hallazgos, sino también establecer normas más estrictas para la supervisión del gasto público, en un contexto de creciente presión social y demanda de transparencia en la gestión de los recursos estatales.
