La Gendarmería confirmó el ingreso de Joaquín Lavín León al Anexo Capitán Yáber, donde permanecerá bajo medida cautelar de prisión preventiva por delitos relacionados con la corrupción. Este anuncio se produjo la tarde del viernes y se enmarca dentro de las acciones tomadas por la justicia en virtud de las acusaciones que pesan sobre el exdiputado. Lavín León, quien fue un personaje prominente en la política chilena, es señalado por el Ministerio Público de cometer diversos delitos económicos que habrían afectado el erario público entre 2015 y 2026. En este contexto, su exasesor, Arnaldo Domínguez Vallejos, también fue ingresado en una institución diferente, el Centro de Detención Preventiva Santiago, para enfrentar acusaciones similares por corrupción.
La decisión del juez Daniel Urrutia de ordenar la prisión preventiva se basó en la gravedad de los delitos señalados. Entre ellos se encuentran el fraude al fisco, el tráfico de influencias y la falsificación de documentos. Urrutia enfatizó que, de confirmarse los hechos, se evidenciaría una red de ilegalidades que transformaría a Lavín León de un representante popular a un agente de captura, surgiendo así preocupaciones sobre el impacto que su libertad podría tener en la sociedad. La evaluación del magistrado incluyó la posibilidad de penas que podrían superar los diez años de cárcel, lo que justifica la severidad de la medida cautelar impuesta.
Las acusaciones contra Joaquín Lavín León son graves y detalladas. El Ministerio Público estima que el exdiputado habría defraudado al Congreso Nacional con un monto que asciende a $189 millones a través de al menos tres esquemas distintos. Uno de ellos implica la presentación de facturas falsas a nombre de la «Imprenta MMG», lo cual permitió a Lavín saldar deudas de campañas electorales con dineros públicos. Según la Fiscalía, durante el periodo de 2015 a 2022 se habrían presentado 32 facturas fraudulentas por un total de $18,8 millones.
Otro de los esquemas involucraría a una plataforma digital llamada “SocialTazk”, desarrollada desde 2017 y supuestamente financiada en su totalidad con recursos del Congreso. Este hecho despierta dudas sobre el buen uso de los fondos públicos, algo fundamental para la transparencia en la gestión pública. Además, se añade la contratación fraudulenta de Belén Carrasco Riquelme, pareja de Domínguez Vallejos, quien sería asesor parlamentario sin haber cumplido con sus funciones reales desde 2018, cobrando más de $39 millones de pesos durante ese tiempo.
Finalmente, la imputación por tráfico de influencias apunta a Lavín León como un individuo que, aprovechando su relación con la entonces alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, colocó a personas de su confianza en cargos directivos dentro del municipio. Este patrón de conducta refleja una clara falta de ética y corrupción que puede erosionar la confianza pública en las instituciones. La judicialización de estos casos representa un paso hacia la rendición de cuentas en un ámbito donde la corrupción ha dejado huellas profundas.
