La Fiscalía Nacional Económica (FNE) ha presentado una acusación formal ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) contra siete empresas y ocho ejecutivos vinculados al procesamiento de centolla en la Región de Magallanes. Este caso se remonta a un período que abarca desde 2012 hasta 2021, y se basa en la afirmación de que las compañías se coludían para fijar los precios de compra del recurso a los pescadores artesanales de la zona. Esta colusión, si se prueba, podría tener un impacto significativo no solo en la economía de los involucrados, sino también en los ingresos de los pescadores que dependen de estas transacciones para su sustento.
La FNE ha solicitado multas importantes que ascenderían a 62.406 Unidades Tributarias Anuales (UTA), lo que equivale aproximadamente a US$ 54 millones, dirigidas a las empresas involucradas. Además, busca imponer sanciones de 511 UTA, casi US$ 445 mil, a los ejecutivos que participaron en la práctica colusoria. La gravedad de la denuncia recae principalmente en el hecho de que estas empresas no solo adquieren la centolla de los pescadores, sino que posteriormente procesan el producto para su exportación, lo que agrava el daño económico sufrido por los productores locales.
Nicolás Riquelme, académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de los Andes, explicó cómo operaba la colusión. Según su análisis basado en los informes de la FNE, las empresas acusadas coordinaban los precios a través de diversas plataformas de comunicación, incluyendo llamadas telefónicas, correos electrónicos y aplicaciones de mensajería como WhatsApp. Este tipo de interacción entre los competidores permitió que se mantuvieran precios artificialmente bajos, perjudicando a los pescadores que, al vender su producto, se encontraban en una posición de debilidad en un mercado controlado por estas empresas.
El impacto de esta colusión es significativo, ya que los pescadores artesanales vieron disminuidos sus ingresos debido a la manipulación de los precios. Riquelme señala que el comportamiento anticompetitivo de estas empresas fue deliberado: «Cuando un pescador intentaba vender su centolla, una empresa preguntaba a otra acerca de sus precios para asegurarse de mantenerlos a un nivel bajo». Esta dinámica, centrada en maximizar el beneficio de las empresas a costa de los pescadores, pone de relieve la necesidad de una supervisión más estricta y medidas efectivas para proteger a los protagonistas más vulnerables de la cadena de distribución.
La investigación se inició en julio de 2020 tras una denuncia, y aunque algunas empresas y ejecutivos se acogieron al beneficio de la delación compensada, eximiéndose de sanciones penales a cambio de confesión y colaboración con las indagatorias, el proceso legal aún podría resultar en graves repercusiones para aquellos que no recibieron tal beneficio. Si el tribunal determina la existencia de la colusión, la FNE advirtió que podría buscar acciones penales adicionales contra los ejecutivos no exentos. Este caso no solo pone en tela de juicio la ética empresarial en la industria pesquera, sino que también resalta la importancia de la libre competencia en la protección de los derechos de los productores locales.
